{"id":14740,"date":"2024-03-14T10:38:19","date_gmt":"2024-03-14T09:38:19","guid":{"rendered":"https:\/\/zurbaran.devplatform.tech\/?p=14740"},"modified":"2024-03-14T10:38:20","modified_gmt":"2024-03-14T09:38:20","slug":"la-accion-de-responsabilidad-por-deudas-y-la-accion-individual-de-responsabilidad-contra-los-administradores-de-las-sociedades-de-capital-como-recurso-extremo-de-los-acreedores-sociales-insatisfechos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zurbaran.devplatform.tech\/en\/la-accion-de-responsabilidad-por-deudas-y-la-accion-individual-de-responsabilidad-contra-los-administradores-de-las-sociedades-de-capital-como-recurso-extremo-de-los-acreedores-sociales-insatisfechos\/","title":{"rendered":"La acci\u00f3n de responsabilidad por deudas y la acci\u00f3n individual de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital como recurso extremo de los acreedores sociales insatisfechos"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, n\u00fam. 217\/2024, de 20 de febrero (ECLI:ES:TS:2024:828), contiene una serie de interesantes consideraciones tanto sobre la responsabilidad por las deudas sociales (<em>ex<\/em> art. 367 LSC) como sobre la acci\u00f3n individual de responsabilidad (art. 241 LSC).<\/p>\n\n\n\n<p>En el supuesto enjuiciado se adeudaba inicialmente a un determinado acreedor social, como consecuencia de la extinci\u00f3n de su relaci\u00f3n laboral con la sociedad, por todos los conceptos (indemnizaci\u00f3n m\u00e1s salarios de tramitaci\u00f3n), la suma de 114.752,29 \u20ac. Al mismo acreedor se le deb\u00eda tambi\u00e9n, por salarios atrasados, la cantidad de 5.022,94 \u20ac. Descontados los adelantos efectuados por el FOGASA, la sociedad adeudaba en total al referido acreedor la suma de 104.192,82 \u20ac y las costas dimanantes de los dos procedimientos seguidos (despido y reclamaci\u00f3n salarial) ante la jurisdicci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n<p>El acreedor en cuesti\u00f3n formul\u00f3 una demanda contra los administradores sociales, en la que ejercit\u00f3 una acci\u00f3n individual de responsabilidad (arts. 236 y 241 LSC), sobre la base de que la inactividad de los administradores para una liquidaci\u00f3n ordenada de la sociedad frustr\u00f3 el cobro de su cr\u00e9dito, y una acci\u00f3n de responsabilidad por deudas (art. 367 LSC), al entender que la sociedad estaba incursa en determinadas causas de disoluci\u00f3n (art. 363.1.a), b), c) y e) LSC), sin que los administradores hubieran adoptado las medidas legalmente exigida ante tales situaciones. Debe tenerse presente que la sociedad deudora qued\u00f3 judicialmente disuelta en virtud de sentencia de fecha 14 de marzo de 2011.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentencia de primera instancia desestim\u00f3 la demanda, al considerar que estaban prescritas las dos acciones ejercitadas. El recurso de apelaci\u00f3n del demandante fue estimado en parte por la Audiencia Provincial, que declar\u00f3 que el plazo prescriptivo ni siquiera se hab\u00eda iniciado cuando se interpuso la demanda. Respecto del fondo del asunto, se consider\u00f3 que no concurr\u00edan los elementos para la estimaci\u00f3n de la acci\u00f3n individual. Y, en cuanto a la acci\u00f3n de responsabilidad por deudas, se estim\u00f3 en parte, al apreciarse, resumidamente, que la sociedad estaba incursa en causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas desde 2010, por lo que conden\u00f3 a los administradores demandados al pago de las deudas posteriores al acaecimiento de dicha causa, que eran salariales y por importe de 5.022,94 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentencia fue recurrida en casaci\u00f3n tanto por el demandante como por uno de los administradores codemandados, habiendo desestimado finalmente el Tribunal Supremo ambos recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con el asunto enjuiciado, el Tribunal Supremo parte de la base de que las deudas consistentes en indemnizaciones por despido improcedente nacen cuando el juzgado dicta el auto en el denominado <em>incidente de no readmisi\u00f3n<\/em> (conforme al art. 56 del Estatuto de los Trabajadores y los arts. 280 y 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Social: as\u00ed, sentencia 455\/2017, de 18 de julio), porque el cr\u00e9dito de la indemnizaci\u00f3n por despido se devenga por la decisi\u00f3n del empleador de no readmitir al trabajador despedido una vez declarado improcedente el despido, o por su conducta que ha imposibilitado la readmisi\u00f3n. Lo que en el caso enjuiciado tuvo lugar el 28 de junio de 2012. A su vez, la deuda por los salarios impagados naci\u00f3 con el impago de cada uno de los salarios, en 2009 y 2010 (conforme al art. 29 del Estatuto de los Trabajadores).<\/p>\n\n\n\n<p>Respecto del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad por deudas sociales (<em>ex<\/em> art. 367 LSC), el Tribunal Supremo sigue en esta resoluci\u00f3n el criterio fijado en la sentencia 1512\/2023, de 31 de octubre, seg\u00fan el cual (i) la acci\u00f3n de responsabilidad por deudas tiene el mismo plazo de prescripci\u00f3n que la deuda garantizada (la deuda social); (ii) se trata de una solidaridad propia, por su origen legal, por lo que son aplicables al administrador los mismos efectos interruptivos de la prescripci\u00f3n que le ser\u00edan aplicables a la sociedad (conforme a los arts. 1.973 y 1.974 CC); y (iii) el <em>dies a qu<\/em>o del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n contra el administrador ser\u00e1 el mismo que el de la acci\u00f3n contra la sociedad deudora.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, el Tribunal Supremo recuerda que, tanto en esa sentencia 1512\/2023, de 31 de octubre, como en la sentencia 1517\/2023, de 2 de noviembre, tiene declarado que, con posterioridad a la Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, el art. 949 del C\u00f3digo de Comercio solo resulta aplicable a las sociedades personalistas reguladas en dicho cuerpo normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>A la vista de lo expuesto, como quiera que las deudas objeto del litigio ten\u00edan naturaleza personal, el plazo de prescripci\u00f3n aplicable era el previsto en el art. 1.964 CC (actualmente, cinco a\u00f1os; quince cuando nacieron), y como tales deudas se originaron en 2009 y 2010 (las salariales) y en 2012 (la dimanante del despido, con la relevante particularidad de resultar esta \u00faltima posterior a la disoluci\u00f3n judicial de la sociedad deudora), y la demanda se present\u00f3 el 10 de marzo de 2016, la acci\u00f3n del art. 367 LSC no estaba prescrita (conclusi\u00f3n que se alcanza a partir de un razonamiento distinto al seguido con el mismo resultado por la Audiencia Provincial).<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, respecto de la acci\u00f3n individual de responsabilidad, el Tribunal Supremo reitera que es jurisprudencia constante de la Sala 1\u00aa que no puede recurrirse indiscriminadamente a esta acci\u00f3n por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad. As\u00ed, en las sentencias 253\/2016, de 18 de abril, y 472\/2016, de 13 de julio, se ha insistido en que para que pueda imputarse al administrador social el impago de una deuda de la sociedad, como da\u00f1o ocasionado directamente al acreedor, &#8220;<em>debe existir un incumplimiento m\u00e1s n\u00edtido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, el Tribunal Supremo se\u00f1ala con car\u00e1cter general que el impago de una deuda social no resulta directamente imputable al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que, caso de haberlo sido, s\u00ed hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su cr\u00e9dito. Para ello hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situaci\u00f3n patrimonial de la sociedad en cada momento), por ejemplo, sobre la liquidaci\u00f3n o distracci\u00f3n de activos al margen de las previsiones legales sobre disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Pero el Tribunal Supremo, a la vista de las circunstancias concurrentes, concluy\u00f3 que ello no sucedi\u00f3 en el caso enjuiciado, por lo que declar\u00f3 improcedente el ejercicio de la acci\u00f3n individual de responsabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, n\u00fam. 217\/2024, de 20 de febrero (ECLI:ES:TS:2024:828), contiene una serie de interesantes consideraciones tanto sobre la responsabilidad por las deudas sociales (ex art. 367 LSC) como sobre la acci\u00f3n individual de responsabilidad (art. 241 LSC). 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