{"id":13759,"date":"2022-12-21T09:07:08","date_gmt":"2022-12-21T08:07:08","guid":{"rendered":"https:\/\/zurbaran.devplatform.tech\/?p=13759"},"modified":"2022-12-21T09:14:01","modified_gmt":"2022-12-21T08:14:01","slug":"analisis-jurisprudencial-de-las-consecuencias-del","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zurbaran.devplatform.tech\/en\/analisis-jurisprudencial-de-las-consecuencias-del\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis jurisprudencial de las consecuencias del incumplimiento de los plazos establecidos por el art\u00edculo 324 LECrim"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Una de las reformas legislativas de mayor repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en los \u00faltimos tiempos, ha sido la del art\u00edculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que regula la duraci\u00f3n de la fase de instrucci\u00f3n penal, con la instauraci\u00f3n de un sistema de plazos.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la primera gran reforma de este precepto, por Ley 41\/2015 de 5 de octubre, el prop\u00f3sito del legislador fue agilizar la justicia, evitando dilaciones indebidas. El sistema introducido por esta Ley fue tan cuestionado e insatisfactorio que, su redacci\u00f3n apenas ha durado cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>El citado art\u00edculo, bajo la Ley 41\/2015 de 5 de octubre, fijaba un plazo m\u00e1ximo de seis meses para la pr\u00e1ctica de diligencias de instrucci\u00f3n, plazo contado a partir de la incoaci\u00f3n de la causa, con la posibilidad de declarar la instrucci\u00f3n compleja. Esta declaraci\u00f3n de complejidad preve\u00eda la posibilidad de elevar el plazo hasta los dieciocho meses de instrucci\u00f3n, con sucesivas pr\u00f3rrogas por igual plazo o inferior. La decisi\u00f3n de ampliar el plazo de instrucci\u00f3n quedaba al total arbitrio del Ministerio Fiscal, dando solo un tr\u00e1mite de audiencia a las partes, lo que nos ha llevado en los \u00faltimos a\u00f1os a fases de instrucci\u00f3n interminables, con la consecuente merma de los derechos de los investigados.<\/p>\n\n\n\n<p>Por Ley 2\/2020, de 27 de julio, se estableci\u00f3 una nueva redacci\u00f3n del precepto que, tampoco est\u00e1 exenta de matices y problemas y dudas interpretativas en torno al sistema de plazos.<\/p>\n\n\n\n<p>La presente nota tiene por objeto realizar un an\u00e1lisis jurisprudencial, de las consecuencias pr\u00e1cticas que est\u00e1 teniendo el incumplimiento de los plazos establecidos por el mencionado precepto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"A\">\n<li><strong>EFECTOS DE DILIGENCIAS DE INSTRUCCI\u00d3N PRACTICADAS UNA VEZ EXPIRADO EL PLAZO DE LA INSTRUCCI\u00d3N. CADUCIDAD.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Como recientemente ha venido declarando la jurisprudencia, los plazos establecidos en el art\u00edculo 324 LECrim, no son plazos flexibles, sino imperativos o taxativos, razonamiento que conlleva que tales plazos no son impropios, sino de obligado cumplimiento y solo prorrogables a instancia del Fiscal en su momento, y con la reforma de la LECrim por LO 2\/2020, de 27 de julio, tambi\u00e9n de oficio por el juez o a instancia de las partes. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed se ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre otras en la <a>emblem\u00e1tica <strong>Sentencia n\u00ba 455\/2021 de 27 de mayo de 2021, que volver\u00e1 a ser citada.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cPor todo ello, las conclusiones que se extraen de lo aqu\u00ed expuesto son evidentes y confirman el criterio adoptado por la sentencia recurrida, a saber\u2026: c.- <u>El Fiscal puede instar la declaraci\u00f3n de complejidad de la causa y el juez acordarlo, pero antes de la expiraci\u00f3n de ese plazo<\/u>.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n la jurisprudencia menor: <strong>Auto 329\/2021, de 320 de junio, pronunciado por la Secc. 29 de la AP de Madrid<\/strong>, <strong>Auto de la Secci\u00f3n S\u00e9ptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 25 de octubre de 2020, Rollo n\u00ba 900\/2020<a>, Auto de la Secci\u00f3n S\u00e9ptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 30 de octubre de 2020, dictado en el Rollo de Apelaci\u00f3n n\u00ba 5460\/2020<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El dictado fuera de plazo, de Autos de complejidad, pr\u00f3rroga y plazo extraordinario que preve\u00eda el art. 324 LEcrim (bajo la Ley 41\/2015), ha acarreado importantes consecuencias pr\u00e1cticas, siendo la jurisprudencia reciente un\u00e1nime. Cualquier Auto dictado fuera del plazo legal no impide la caducidad de la instrucci\u00f3n; la caducidad opera y todas las diligencias y actuaciones practicadas con posterioridad, son nulas de pleno derecho. De acordarse diligencias de forma extempor\u00e1nea, conllevar\u00eda indefensi\u00f3n material del investigado, no solo indefensi\u00f3n formal.<\/p>\n\n\n\n<p>La reciente <strong>Sentencia 143\/22, de 20 de enero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo<\/strong>, es tan literosuficiente como sus precedentes:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLos categ\u00f3ricos t\u00e9rminos empleados por el legislador, como que el transcurso de los plazos &#8220;s\u00ed provoca consecuencias procesales&#8221; o la menci\u00f3n a ese &#8220;l\u00edmite temporal infranqueable&#8221; para la realizaci\u00f3n de las diligencias, <u>dejaban nulo margen para que, llegado el asunto a este Tribunal, se pronunciara en el sentido de reconocer validez a actuaci\u00f3n alguna acordada fuera de esos plazos legales, pues no parece razonable que, ante tan concluyente menci\u00f3n, se acuda a f\u00f3rmulas para sobrepasar unos plazos que el propio legislador ha definido como infranqueables<\/u>.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Y en el anterior sentido, la <strong>Sentencia de la misma Sala 66\/2021 de 28 de enero y la 455\/2021 de 27 de mayo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201c2.- No se trata de compartir, o no, la v\u00eda del art. 324 LECRIM en su anterior redacci\u00f3n o la actual, (Ley 2\/2020, de 27 de julio) sino que se trata de una opci\u00f3n legislativa que debe ser observada en el desarrollo del proceso. Se trata, pues, del <u>respeto a una norma procesal de fijaci\u00f3n de un plazo que se ha vulnerado de forma evidente<\/u>y de ello se predican las consecuencias que el Tribunal aplica y son confirmadas por correctas t\u00e9cnicamente\u2026.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>5.- El legislador ha querido fijar un plazo y enmarcar en \u00e9l el tr\u00e1mite instructor <u>condicionando la validez de las diligencias practicadas a que se lleven a efecto en ese plazo, y siendo inv\u00e1lidas las ejecutadas fuera de \u00e9l,<\/u> salvo las denominadas diligencias rezagadas del art. 324.7 (actual art. 324.2 LECRIM).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>6.- <u>Las consecuencias procesales de la pr\u00e1ctica de diligencias fuera del plazo<\/u><\/em> <em>fijado ex lege es que \u201cno ser\u00e1n v\u00e1lidas\u201d,<\/em><em> y ello arrastra todas las consecuencias que dimanan de esa nulidad acordada en la sentencia recurrida, como lo es la nulidad de lo actuado y <u>la consiguiente absoluci\u00f3n en el caso de que se llegue a juicio oral con esta quiebra procesal <\/u>en el procedimiento. <u>El plazo fijado no es de car\u00e1cter \u201cvoluntarista\u201d, o subsanable. Es de obligado cumplimiento.<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>7.- La fijaci\u00f3n de un plazo ex lege reforzado por la Ley 2\/2020 de 27 de julio para practicar diligencias en fase de instrucci\u00f3n <u>es un l\u00edmite que debe ser observado en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdicciona<\/u>l, y no hay cabida a la subsanaci\u00f3n de ese l\u00edmite infranqueable. <u>El exceso y superaci\u00f3n del plazo sin pr\u00f3rroga acordada dentro de \u00e9l determina la NULIDAD de las diligencias llevadas a cabo<\/u>, y todo lo que de ello se deriva, hasta la apertura de un juicio oral, incluso, como aqu\u00ed ha ocurrido.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>8.- No hay subsanaci\u00f3n posible a una diligencia no v\u00e1lida ex origen<u>. No puede admitirse esta declaraci\u00f3n de que el plazo del art. 324 LECRIM es impropio por esta Sala.<\/u>Se niega, pues, con rotundidad la validez a las diligencias posteriores al plazo fijado ex lege constituyendo una clara \u201copci\u00f3n de pol\u00edtica legislativa\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Y el propio apartado quinto del art\u00edculo 324 LEcrim, impide igualmente al Fiscal hacer uso de la facultad de solicitar las diligencias complementarias a las que hacen referencia los art\u00edculos 627 y 780 LEcrim, una vez agotado el plazo ordinario de instrucci\u00f3n y su pr\u00f3rroga. Lo que ha llevado, al Ministerio P\u00fablico, a no aquietarse ante la fatalidad que supone dejar de promover la persecuci\u00f3n de delitos, por este error procesal, haciendo uso de sus posibilidades de actuaci\u00f3n extraprocesal en los t\u00e9rminos, que dispone la <strong>Circular 5\/2015 de la Fiscal\u00eda General del Estado, <\/strong>que no es otra que la posibilidad de interesar por medio de otros\u00ed, la admisi\u00f3n como prueba de documentos o testificales, con el escrito de acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>EFECTOS DE LA LLAMADA EXTEMPOR\u00c1NEA AL PROCESO DE LOS &nbsp;INVESTIGADOS<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>No es posible llamar al proceso a ning\u00fan investigado ni practicar diligencias una vez transcurrido del plazo m\u00e1ximo de instrucci\u00f3n. La llamada al proceso es nula de pleno derecho por causaci\u00f3n de indefensi\u00f3n material y formal, as\u00ed expresamente lo ha apreciado el Tribunal Supremo, siendo imposible, una vez caducada la instrucci\u00f3n, ni llamarlos al proceso ni tomarles declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La emblem\u00e1tica <strong>Sentencia n\u00famero 455\/2021 del Tribunal Supremo De 27 De Mayo De 2021, <\/strong>a la que nos hemos referido anteriormente, en el caso analizado, declar\u00f3 la nulidad del procedimiento al no poder llamarse extempor\u00e1neamente al proceso a un investigado sin causarle indefensi\u00f3n analiz\u00e1ndose expresamente si era posible una retroacci\u00f3n de actuaciones a los efectos de llamarles al proceso y tomarles declaraci\u00f3n, reproduzcamos extractos de inter\u00e9s (fundamento de derecho segundo):&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>13.- La sentencia absolutoria es consecuencia de la nulidad de actuaciones acordada por la Audiencia Provincial y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que alcanza a la propia formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n y la apertura de juicio oral, toda vez que no era posible legalmente continuar las diligencias previa por los tr\u00e1mites del Procedimiento abreviado <u>al no existir declaraci\u00f3n v\u00e1lida del investigado en el periodo de instrucci\u00f3n, antes de su expiraci\u00f3n. Por ello, conforme a lo establecido en el art. 779.4\u00ba en relaci\u00f3n con el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debi\u00f3 dictarse el archivo de la causa.<\/u><\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Y cuando la Sentencia del Tribunal Supremo, haciendo suyos los criterios establecidos en la del TSJ de Murcia, que confirma, reproduce las consecuencias de la superaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo en el mismo fundamento de derecho segundo, explicita que:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cd.- Consecuencias de la superaci\u00f3n del plazo 1.- La inviabilidad de incorporar nuevo material instructorio.2.- <strong><u>Ni de practicar actuaciones adicionales (ni siquiera la que ser\u00eda primera llamada al proceso de los luego acusados<\/u><\/strong>), una vez que hab\u00eda expirado sin haberse interesado su pr\u00f3rroga el plazo m\u00e1ximo de investigaci\u00f3n establecido legalmente.\u201d<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201ci.- Los efectos que sobre el procedimiento ha de tener, tras la estimaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n previa planteada por las defensas y la declaraci\u00f3n de nulidad de las actuaciones practicadas tras la expiraci\u00f3n del plazo de instrucci\u00f3n, la expulsi\u00f3n del procedimiento de todo el acervo probatorio acumulado como resultado de aquellas actuaciones declaradas nulas.<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Con el doble resultado de que, por un lado, restar\u00eda como \u00fanico material instructor el testimonio de particulares que dio lugar a la incoaci\u00f3n de la causa (mera notitia criminis hu\u00e9rfana de cualquier corroboraci\u00f3n); y, por otro,<strong> <u>habr\u00eda tambi\u00e9n precluido la posibilidad de practicar siquiera lo que con raz\u00f3n califica de &#8220;diligencia esencial e insoslayable&#8221;, cual es el primer llamado de los luego acusados para adquirir la condici\u00f3n procesal de investigados y poder ejercer los derechos reconocidos en el art\u00edculo 118 LECR ; diligencia \u00e9sta que ya no ser\u00eda dable practicar una vez expirado el plazo del art\u00edculo 324 LECR<\/u><\/strong> .<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em><u>Todo lo cual aboca a la decisi\u00f3n de instancia, que la Sala comparte plenamente, acerca de la procedencia, en tales circunstancias, del dictado de sentencia absolutoria.<\/u><\/em><\/strong><strong><em>\u201d<\/em><\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta forma de cohonestar la STS 451\/2021 con las que ulteriormente se han venido produciendo, (<strong>STS 261\/2021, de 22 marzo, SAP Sevilla 1108\/2022 de 8 de septiembre de 2022, e igualmente SAP Sevilla 204\/2022 de 8 de abril de 2022<\/strong>) es la \u00fanica que el ordenamiento jur\u00eddico posibilita. El art. 779 LECrim ofrece un abanico de opciones a resolver cuando se practiquen&nbsp; todas las&nbsp; diligencias pertinentes. Puede dictarse un auto de sobreseimiento, o el auto de continuaci\u00f3n por el tr\u00e1mite de procedimiento abreviado del art. 757 LEcrim. Pero, si no se ha practicado la declaraci\u00f3n del investigado a dicha fecha, ni se le puede conferir el derecho de defensa en la instrucci\u00f3n, el sobreseimiento impera.<\/p>\n\n\n\n<p>En suma, lo que no se puede pretender, es que se tome declaraci\u00f3n a los investigados una vez caducada de la instrucci\u00f3n, a modo de \u201crelleno procesal\u201d y que se abra fase intermedia, sin hab\u00e9rseles dado siquiera la oportunidad de defenderse participando en la instrucci\u00f3n, llev\u00e1ndose esta fase procesal a sus espaldas. De la recta lectura conjunta de todas las resoluciones del Tribunal Supremo se puede alcanzar, sin dificultad, la obvia conclusi\u00f3n de que llamar al proceso a un investigado tras la caducidad y proscribirle de facto del derecho de defensa en la instrucci\u00f3n, determina una insoslayable nulidad que conduce a su sobreseimiento. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una de las reformas legislativas de mayor repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en los \u00faltimos tiempos, ha sido la del art\u00edculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que regula la duraci\u00f3n de la fase de instrucci\u00f3n penal, con la instauraci\u00f3n de un sistema de plazos. 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